Hola chicos, pronto enviaré las correcciones de los trabajos anteriores, pero mientras seguiremos avanzando un poco más en el tema de los DDHH. Lo que nos interesa aprender ahora es cómo fue la situación de los mismos durante la última dictadura militar en nuestro país. Para ello, trabajaremos con el cuadernillo y responderán unas preguntas. Este trabajo deberán enviarlo hasta el lunes 27/04, al mail luciadlvega@gmail.com (también pueden enviar dudas respecto a la actividad) consignando nombre-apellido y curso del alumno.
El terrorismo de
Estado en la Argentina
En 1976 un golpe de Estado derrocó al gobierno
constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas
Armadas asumieron el poder Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos
provinciales y subordinaron al Poder Judicial. Se suspendieron las actividades
políticas y gremiales, y varias organizaciones fueron proscriptas. Casi todas
las funciones gubernamentales quedaron en manos de militares. Sin embargo,
numerosos políticos colaboraron con el nuevo gobierno y se desempeñaron como
intendentes y funcionarios de diversos ministerios. Por este motivo, se dice
que fue una dictadura cívico-militar.
Desde 1930 se
habían sucedido seis golpes militares con colaboración de varios sectores de la
civilidad: dirigentes de partidos políticos, empresarios, miembros de la
Iglesia, entre otros. Por eso, no se trataba de una experiencia nueva para la
sociedad. Sin embargo, a partir de 1976, la Junta Militar implementó un plan de
exterminio contra un sector de la población, cuyas características e intensidad
represiva eran novedosas. Se denomina terrorismo de Estado, cuando un gobierno,
con el fin de generar miedo o terror en la población, ejerce acciones ilegales,
como perseguir, secuestrar, violar, desaparecer o asesinar personas para evitar
que expresen sus opiniones.
Durante la última dictadura cívico-militar, el Estado
ejerció el terrorismo de manera sistemática. Se organizaron grupos de tareas,
conformados por militares, policías o civiles especialmente preparados para
ejecutar ilegalmente secuestros de personas en sus domicilios privados o en la
vía pública. A esta modalidad se la conoce como desaparición forzada de
personas y pretendía la negación de los secuestros y asesinatos.
Una vez secuestradas las personas
eran llevadas a diferentes edificios (casas, fábricas o dependencias
policiales), que funcionaban secretamente, con la finalidad de albergar,
torturar y asesinar a los detenidos. A estos lugares
se los denomina Centros Clandestinos de Detención (CCD) y llegaron a montarse
610 a lo largo y ancho de todo el país. En total, se calcula que hubo alrededor
de 30.000 víctimas del terror estatal. Mediante el ocultamiento de los CCD y de
los asesinatos, los militares esperaban evitar el repudio nacional e
internacional.
Las organizaciones de
derechos humanos
En el contexto de la dictadura
cívico-militar de 1976, surgió el movimiento de derechos humanos, conformado
por un grupo de organizaciones que tenían en común la búsqueda de las personas desaparecidas y la defensa de los
presos políticos. En septiembre de 1976, se conformó un organismo que se
denominó Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Diariamente, sumaban nombres a las listas de personas desaparecidas o detenidas
de manera ilegal y luego elevaban reclamos a diferentes instancias de gobierno.
Como primera medida, se confeccionaba un habeas corpus, un recurso legal que
obliga al Estado a informar sobre el paradero de una persona. El habeas corpus
busca evitar las detenciones injustas y los abusos institucionales. Sin embargo,
las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de
los secuestrados, porque estas instituciones solían actuar en acuerdo con las
Fuerzas Armadas.
En abril de 1977, un grupo de
madres de desaparecidos comenzó a reunirse en torno a la Pirámide de Mayo. Con
esa acción pretendían ser escuchadas por las autoridades y obtener alguna
noticia sobre el paradero de sus hijos. El gobierno trató de quitarles entidad
y las llamó despectivamente "Las locas de Plaza de Mayo".
A pesar de la represión, el
grupo de madres se organizó y se conformó como Madres de Plaza de Mayo, para
luego unirse en la lucha con otros organismos y manifestarse contra la
dictadura. En 1977 también se constituyó Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo reclamo
se centró en la recuperación de los hijos de desaparecidos apropiados por la
dictadura y dados en adopción a otras familias. En aquellos años las
actividades emprendidas por los organismos eran muy riesgosas y muchas veces
terminaban con represión, detenciones y hasta la desaparición de sus
referentes. Entre los casos más conocidos, se encuentra el de Azucena
Villaflor, miembro fundador de Madres de Plaza de Mayo.
La acción del movimiento de
derechos humanos fue muy importante para el desgaste de la dictadura militar.
Como dentro del país solían sufrir la censura de los medios de comunicación, en
varias ocasiones, grupos de familiares viajaron al exterior para denunciar las
violaciones de los derechos humanos ante organismos internacionales, como las
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Gracias a
esto, en septiembre de 1 979, un equipo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos visitó nuestro país para recibir y sistematizar las denuncias
de los familiares. El resultado fue la redacción de un informe que describía
ampliamente las diversas modalidades del terrorismo de Estado.
La lucha por los
derechos humanos en democracia
En 1983 la dictadura
cívico-militar llegó a su fin. En el mes de octubre, se realizaron elecciones
que consagraron a Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, como
presidente de la Nación. Entre las medidas impulsadas Alfonsín para resolver la
llamada "cuestión de los derechos humanos", se llevó adelante la
creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),
que debía recoger y sistematizar las denuncias de los familiares y víctimas de
la dictadura. Además, en 1985 se puso en marcha el Juicio a las Juntas
militares, por el cual cinco de los nueve miembros de las Juntas recibieron
condenas por crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, las Fuerzas
Armadas comenzaron a ejercer presión. En varias ocasiones, algunos sectores
militares autodenominados "Carapintadas" se movilizaron con armas
para obligar al gobierno a que pusiera fin a las denuncias en su contra. El
gobierno de Alfonsín terminó cediendo y promovió la sanción de las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida. Según esta última ley, todos los militares que
habían actuado en cumplimiento de un mando superior debían ser declarados
inocentes. Durante esos años, el movimiento de derechos humanos se mantuvo
movilizado e inicialmente apoyó con ilusión varias de las medidas
gubernamentales. Pero luego de la sanción de la Ley de Obediencia Debida
comenzaron a asumir una actitud más crítica. Esa posición de confrontación se
profundizó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, luego de que este
decidiera por decreto, entre 1989 y 1990, indultar a los militares que habían
sido condenados durante el Juicio a las Juntas. Ante la ausencia de justicia,
los organismos de derechos humanos crearon la consigna "Juicio y castigo a
los culpables" y, en 1995, impulsaron los "juicios por la verdad'. En
estos juicios se recreaba una escena judicial con el objetivo de mostrar a la sociedad
qué es lo que había ocurrido. Aunque estos procesos carecían de efectos
legales, permitieron recoger numerosos testimonios y difundir las denuncias.
En 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner,
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas. Gracias a esta
medida, se reabrieron numerosas causas contra militares y civiles acusados de
participar del terrorismo de Estado. En la actualidad, más de 300 militares
cumplen condenas firmes y otros esperan sentencias. A pesar del avance que
implicó la reapertura de los juicios, en 2006, se produjo el secuestro de Jorge
Julio López. Su desaparición sucedió luego de atestiguar en el que sentenció a
prisión a Miguel Etchecolatz, uno de los principales jefes de la policía
Bonaerense durante la dictadura. Desde entonces el movimiento de derechos
humanos reclama por su "aparición con vida”.Luego de leer el texto respondan:
- ¿Qué características tuvo la última dictadura militar en la Argentina?
- ¿Qué es y cómo se llevo a cabo el terrorismo de Estado en la dictadura militar?
- ¿Por qué surge el movimiento de los Derechos Humanos en el país?¿Cómo actuaba el organismo "Familiares de desaparecidos y detenidos"?
- Busquen en la Constitución Nacional (ARTICULO 43) cuáles son las garantías constitucionales que allí se expresan,¿cómo funcionan?
- ¿Cómo surgió el movimiento Madres de Plaza de Mayo? ¿Con qué objetivo? Averigüen porqué usan un pañuelo blanco como símbolo.
- ¿Cuándo termina la dictadura?¿Quién fue el primer presidente tras la vuelta a la democracia?¿Qué medidas tomaron respecto a los DDHH?
- ¿Qué fueron las leyes de obediencia debida y punto final? ¿Por qué se sancionaron?¿Siguen vigentes?
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